Registro delincuentes sexuales: obligaciones para los que trabajan con menores

niñosEl pasado 28 de Julio de 2015 se aprobó una Ley que modificaba otras Leyes relativas a la infancia (BOE 29 de Julio). Entre las nuevas medidas aprobadas llama la atención, desde el punto de vista empresarial, la obligación de quien trabaje con menores de acreditar que no han sido condenados por delitos relaciones con menores.

En este artículo tratamos de analizar el alcance de la medida y, sobre todo, si las empresas deberán tomar medidas inmediatas para cumplir con la ley o deberán esperar al desarrollo de la norma. Empezamos …

El contenido legal

La citada Ley, modifica ciertos preceptos de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. El que vamos a estudiar es el nuevo apartado 5º del artículo 13 que queda redactado de la siguiente forma:

5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.”

En las disposiciones de la Ley, nos encontramos dos menciones al precepto anterior:

“Disposición transitoria cuarta. Certificación de antecedentes penales. Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.”

“Disposición final decimoséptima. Creación del registro central de delincuentes sexuales. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de delincuentes sexuales.”

Desgranando el contenido

La pregunta es simple: ¿deben ya las empresas exigir a sus trabajadores dicho certificado? Pues tenemos dos posibles respuestas:

SÍ.- La Ley ha entrada en vigor y, por tanto, los que trabajen con menores tienen que acreditar que no han cometido delitos relacionados con menores. Pero ¿cómo? Pues solicitando el Certificado de Antecedentes Penales y entregando a la empresa su contenido.

NO.- El Certificado que exige la Ley no se ha creado todavía y no es posible pedirlo. De hecho se habla de un plazo de 6 meses para crear el Registro que dará esos certificados (parece que ese plazo se va a acortar). Además, la Ley habla de que será el Gobierno quien en forma de Reglamento desarrolle el contenido de la Ley y, por tanto, su alcance.

¿Entonce sí o no? Pues aquí está la problemática. Estamentos judiciales han creado dudas acerca de su alcance porque pueden chocar contra otras normales legales como el derecho a la intimidad y la protección de datos de los trabajadores. ¿Cuál prevalece? Obviamente la mayoría pensamos que la protección al menor, pero jurídicamente no es tan sencillo. Por tanto, tendremos que esperar a que ese Reglamento aclare las dudas que ha generado la Ley y, sobre todo, que explique como deben adaptarse las empresas a la medida.

Consecuencias de actuar de una u otra forma

Si pedimos a los trabajadores el Certificado de Penales, este contendrá cualquier tipo de delito, por tanto estaremos atentando contra la intimidad del mismo, porque ese certificado puede contener otros delitos que no tienen nada que ver con delitos contra menores (robos, tráfico de drogas, …) que pueden afectar al desarrollo profesional del trabajador. Además, la Agencia de Protección de Datos deberá expresarse al respecto.

Si pedimos el certificado al trabajador y éste se niega ¿qué consecuencias legales puede tener? Pues tampoco está claro, quizás también haga falta una modificación de la legislación laboral. ¿Qué hace la empresa? Si decide despedirle ¿es un despido procedente o improcedente?

Si no pedimos el certificado y esperamos al desarrollo de la norma, si por desgracia ocurre algún episodio donde el trabajador atente contra un menor ¿se podría exigir responsabilidad civil o incluso penal a la empresa por no cumplir la norma? El tema es complejo y delicado.

Obviamente, serían los tribunales quienes tendría que interpretar el alcance de la norma en un sentido o en el otro, por ello se hace urgente conocer el desarrollo de la norma que es muy clara, pero que exige matices.

Desde el Ministerio de Justicia se nos insta a la norma reglamentaria que será aprobada para resolver todas las dudas, por tanto, se puede interpretar como que la obligación todavía no es exigible a las empresas. En esa norma se citarán expresamente las profesiones que exijan tener ese certificado negativo para no tener dudas, puesto que hay profesiones claras al respecto (profesores, educadores, …) pero no tanto con trabajadores que puedan trabajar puntualmente con menores. Además la norma no habla de trabajadores por cuenta ajena, por tanto, se tendría que exigir también a los empresarios, aunque en este caso ¿ante quién debemos acreditar tal certificado negativo?.

Norma para nuevos trabajadores o para todos los trabajadores

Otra de las preguntas que nos hacemos con la norma es que si la medida es exigible para todos los trabajadores que formen una plantilla, tanto los actuales como los futuros o si solo será exigible para las nuevas incorporaciones.

La lógica hace pensar que se debe exigir a todos los trabajadores, incluso a los que lleven mucho tiempo en la empresa. Y no olvidemos que se debe exigir también a los titulares de las empresas (incluso con más razón para cumplir con la Ley). Pero para ello se debería establecer un plazo para acreditar ese certificado negativo, algo que esperamos contenga el reglamento.

¿Cuál es el dictamen?

Nuestros clientes nos exigen respuestas. Pero muchas veces, la respuesta no es una fórmula matemática con un resultado único. Éste es, por ahora, uno de esos casos.

Quizás lo más sensato es decir a las empresas que exijan el certificado para “curarse en salud” pero podríamos estar atentando con derechos fundamentales de los trabajadores. Algunas empresas lo están exigiendo como signo de transparencia hacia sus clientes, incluso alguna como argumento comercial. Recordemos que la norma está contenida en una Ley, por tanto, se exige su cumplimiento.

Por otro lado, responder que no lo exijan todavía, tiene su base en un norma demasiado genérica y donde la propia norma obliga a un desarrollo posterior. Así que sería mejor esperar a ese desarrollo posterior y a la creación del Registro concreto para delitos sexuales, algo que ahora mismo no existe.

Si tengo que elegir una u otra opción la respuesta sería SÍ EXIGIR EL CERTIFICADO a los trabajadores.

Seguiremos informando porque lo que es seguro que una vez que se desarrolle la norma, sí que será exigible ese certificado para poder trabajar con menores. Mientras tanto … muchos interrogantes por resolver.

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Acerca de LINEA GESTION

Asesoría de empresas. Especialistas en emprendedores.

Publicado el 29/10/2015 en Actualidad, Asesoría Jurídica, Asesoría Laboral y etiquetado en , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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